Participación y democracia en el DF: el movimiento LGBT

El presente texto fue presentado en el II Congreso Latinoamericano y Caribeño de Ciencias Sociales, FLACSO, Ciudad de México, del 26 al 28 de mayo de 2010. Si quiere descargar la versión final en formato PDF para imprimir, pulse aquí: Participación y democracia en el DF LGBT.

Andrés Ruiz Pérez

Reynaldo Yunuen Ortega Ortiz

El Colegio de México

I. Introducción

11 de marzo, en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento. Ante la presencia del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, de medios de comunicación e invitados varios, cuatro parejas estamparon sus huellas, firmaron, se besaron: eran los primeros matrimonios entre personas del mismo sexo en México. En un país con una mayoría católica como es México, tal hecho es inusitado, ¿qué tuvo que suceder para llegar a este momento?

Cuarenta años atrás los homosexuales eran invisibles, estaban en el clóset. Sin embargo, en 1971, con el antecedente inmediato de 1969 en Stonewall, Nueva York, comenzaron a salir a las calles de la ciudad de México, a hacerse visibles, a tomar espacios públicos, a conformar uno de los movimientos Lésbico-Gay-Bisexual-Travesti-Transexual-Transgénero-Intersex (LGBT en adelante) más activos de América Latina. Ante tal panorama las preguntas que buscamos responder son: ¿Cuál ha sido el desarrollo del movimiento LGBT en su lucha por el reconocimiento jurídico a las parejas del mismo sexo? ¿Qué tipo de estrategias políticas utilizó el movimiento LGBT para lograr ese reconocimiento en la última década? Y en cuanto a la búsqueda de una legislación propicia: ¿por qué fracasaron esfuerzos anteriores, como el de la Ley de Sociedades de Convivencia en 2003? ¿Los éxitos en 2007 y 2009 fueron resultado de un cambio en las actitudes sociales o de la construcción de una coalición política entre el movimiento y una mayoría de diputados en la ALDF? y si ese fue el caso ¿Cómo se construyó esa coalición?

El argumento central del artículo es que el proceso de cambio político en México, que se aceleró en los noventa, abrió la estructura de oportunidades políticas y permitió que el movimiento LGBT se manifestara más abiertamente e impulsara la incorporación de su agenda tanto a la vida partidista (en especial de izquierda) como legislativa. La alternancia en el Distrito Federal en 1997, con la victoria del Partido de la Revolución Democrática (PRD), parece ser fundamental. Siguiendo a Goldstone, argumentamos que la democratización no implica menores movimientos sociales, sino que, por el contrario, facilita la acción colectiva y la participación ciudadana por distintos medios. Además, mostramos cómo los mismos actores se involucran en actividades tanto de política contenciosa como institucional con el fin de lograr sus objetivos, mostrando el impacto que tienen las marchas, los plantones, los mítines y otras actividades. Desde una visión tridimensional del poder (S. Lukes, 2005), las movilizaciones sirvieron para hacer visible la situación de discriminación de la comunidad LGBT y concientizaron a diversos actores sobre la necesidad de un cambio legislativo, para empezar a resolver esa situación de desigualdad. En el artículo, abordaremos los intentos previos de aprobar leyes afines: el caso de las Sociedades de Convivencia (comparando la ocasión que terminó en fracaso en 2003 con el éxito logrado años más tarde), para entender los factores que han favorecido las victorias legislativas del movimiento. A pesar de la divergencia de objetivos y estrategias que existen al interior de un movimiento tan heterogéneo, es importante resaltar cómo ha logrado avanzar su agenda. Mostraremos la relación entre la acción colectiva, la participación social y la obtención de derechos civiles en el Distrito Federal.

II. Diferentes tipos de participación en un movimiento heterogéneo

Por décadas, ha sido sabiduría común la idea de que la competencia partidista en una democracia ofrece un modo de organización política alternativa y preferible a la agitación, vía los movimientos sociales (Goldstone, 2004: 335). Hay incluso quienes afirman que “los movimientos sociales… constituyen un rival potencial a los sistemas de representación política” (Jenkins y Klandermans, 1995: 5). En contra de esta posición, siguiendo a McAdam, Tarrow y Tilly, Goldstone considera que los movimientos sociales son parte esencial de la política ‘normal’ en las sociedades modernas, y que existe una frontera permeable y confusa entre la política institucionalizada y la no institucionalizada. Así, la movilización social no es una alternativa a la política institucionalizada, que disminuiría en tanto que la segunda aumentaría, sino que es una forma de acción política complementaria que aumenta cuando la política democrática se expande (2004: 336). Al abrirse la estructura de oportunidades políticas y disminuir la represión, bajan los costos de la acción colectiva, de tal forma que los grupos subalternos tienen mayor facilidad para manifestarse.

Sin duda existen distintos comportamientos políticos. En un extremo estarían la política institucional como elecciones, votaciones en el congreso, decisiones judiciales y en el otro, protestas, marchas, boicots… Sin embargo, al hacer el análisis histórico del surgimiento y desarrollo de los partidos políticos en Estados Unidos o Inglaterra (Tilly, McAdam et al.) se ha visto que los mismos actores se involucran en ambos tipos de actividades y las mismas causas están presentes en las acciones de los movimientos sociales y en las acciones políticas institucionales. En otros casos, los actores y los grupos se mueven hacia delante y hacia atrás entre acciones de movimientos y las acciones políticas institucionales, como movimientos tácticos en la persecución de objetivos generales.

Los partidos políticos y los movimientos sociales se han superpuesto, siendo actores mutuamente dependientes que dan forma a la política, hasta el punto en que partidos políticos bien establecidos dan la bienvenida al apoyo de movimientos sociales e incluso se apoyan en asociaciones para ganar elecciones. No existe una contradicción entre la movilización y la política electoral. Interactúan de diversas formas. La participación en protestas no sucede a costa de otros tipos de participación. La gente que protesta es más probable que vote y se involucre en otro tipo de actividades políticas convencionales (Meyer y Tarrow, 1998: 5).

III. Orígenes y desarrollo del movimiento LGTB

Si bien desde finales del siglo XIX empiezan a existir en Europa organizaciones civiles dedicadas a la defensa de los homosexuales, es hasta junio de 1969 en que tras el incidente de Stonewall inicia el movimiento lésbico-gay moderno (Adam, 1995; D´Emilio 1983). Nació tras dicho incidente el Frente de Liberación Gay y el 28 de junio comenzó a reconocerse como el día del Orgullo Lésbico-Gay. En México el movimiento comenzó dos años después, en 1971, tras el despido injustificado de un empleado de la tienda Sears por ser homosexual. Un grupo de intelectuales, artistas y estudiantes manifestaron su descontento y conformaron un grupo de reflexión. Algunos de ellos crearon el Frente de Liberación Homosexual de México (FLHM). Sus demandas: detener la persecución policiaca, la discriminación legal, social y laboral contra los homosexuales, dejar de considerar a la homosexualidad como enfermedad y más educación sexual en las escuelas. Sin embargo, sus actividades las realizaban en el anonimato (Mogrovejo, 1998: 47-48).

Los siguientes años fueron de ir manifestándose poco a poco. A pesar de la desaparición del Frente, surgieron otros grupos como SEX-POL (fundado en 1974) y el Frente Homosexual de Acción Revolucionaria (FHAR). Su primera participación pública fue el 26 de julio de 1978, en la marcha conmemorativa del 25 aniversario de la revolución cubana. El 2 de octubre del mismo año, un contingente más grande marchó en la conmemoración de la matanza de Tlatelolco, iniciando el Movimiento de Liberación Homosexual de México (Bavines, 2002: 17). En 1979 fue la primera marcha del Orgullo Gay en la ciudad de México. Como acto político exigía respeto a los derechos humanos de los homosexuales y denunciaba la represión policiaca que sufría esa comunidad. En dicho acto salieron a la luz el FHAR, el Grupo Lambda de Liberación Homosexual y OIKABETH (Lambda, 1980).

La década de los ochenta vio crecer el movimiento y diversificarse. Pero también con la pandemia del VIH-SIDA el movimiento modificó sus estrategias y prioridades. Si bien continuaron las marchas del orgullo gay, aumentaron los asistentes, llegando a 5 mil y hubo apoyo de partidos políticos como el Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y el Comunista Mexicano (PCM), el nivel de conciencia había disminuido. Las divergencias al interior del movimiento crecieron, a tal grado que en la marcha de 1983 se separó en dos contingentes. En 1984 algunos integrantes de Lambda, Oikabeth, Comunidad Gay, Red LHOCA y Colectivo Sol manifestaron su descontento con el movimiento (Mogrovejo, 2000: 101-106).

Con la pandemia del SIDA empezó a haber muchas muertes en la comunidad gay. Ante el desconocimiento de la causa, la estigmatización no se dejó esperar; el hecho motivó aún más la homofobia (Peralta, 2006: 31). Ante la indiferencia del gobierno, la desinformación y el rechazo social, muchas organizaciones enfocaron sus esfuerzos a conseguir apoyo médico. El ámbito político del movimiento pasó a segundo plano. Sin embargo, comenzó la colaboración con heterosexuales en la lucha contra el sida (Hernández y Manrique, 1989). En la década de los noventa el gobierno empezó a tomar medidas al respecto: la campaña de uso de condón. Si bien algunas de las organizaciones del movimiento LGBT participaron en tal esfuerzo, no consiguieron políticas públicas enfocadas directamente a ellos. Los factores a los que puede aducirse son el desconocimiento (Villamil, 2002: 5) o la presión de instituciones conservadoras como la Iglesia (Medina, 2004: 69).

La estrategia del movimiento LGBT se ha centrado en tres ejes estratégicos: el político (marchas, mítines, comunicados), el cultural (asociaciones culturales, encuentros, actividades diversas) y el de salud (búsqueda de políticas públicas, especialmente a partir de los ochenta). Los tres, aunque no coordinados, se refuerzan. El cultural ha permitido consolidar la identidad del movimiento. A través de actividades de diversa índole, que van desde la existencia de bares para homosexuales hasta la “Semana Cultural Gay”, pasando por la publicación de revistas que abordan la temática LGBT de forma central, se ha ido haciendo más visible la presencia de dicha comunidad. El ámbito cultural ha tenido un impacto fundamental al interior de la comunidad, en la creación de una identidad propia y de un cierto de nivel de solidaridad. Éste ámbito se ha reforzado por procesos de mercado que han encontrado en la comunidad LGBT un nicho para comercializar productos, lo cual ha aportado, indirectamente y sin intención, a la manifestación de la comunidad.

El eje político se ha centrado más en la incidencia del movimiento en la sociedad como conjunto y en los diferentes ámbitos de gobierno. Las marchas, mítines y comunicados se han enfocado en hacer conscientes a otros sectores sociales de la existencia del movimiento. El “framing”, enmarcamiento o encuadramiento fundamental ha sido el de la no discriminación: los integrantes de la comunidad LGBT no deben ser considerados ciudadanos de segunda o con menos derechos.

El tercer eje, surgido a partir del panorama de los ochenta, está muy ligado al segundo: uno de sus objetivos principales es, como se mencionó antes, el diseño e implementación de políticas públicas de salud que atiendan la problemática de la comunidad gay. Sin embargo, no se limita al ámbito gubernamental. La sociedad civil organizada ha sido otro medio para paliar las consecuencias adversas de la epidemia de SIDA. El conjunto de estrategias, a pesar de no estar coordinadas, ha tenido en conjunto el efecto de hacer cada vez más visible al movimiento y a la comunidad LGBT. Ello en dos aspectos: primero, en un plano social, como movimiento debido a su fuerza de movilización; segundo, en un plano más individual, abriendo espacios para la expresión abierta de las preferencias sexuales de los ciudadanos sin sufrir discriminación. Con mayores grados de organización y la presencia pública de la comunidad LGTB, aunque de manera lenta, en la ciudad de México ha habido un cambio paulatino pero significativo en las actitudes de la población, en particular entre los jóvenes. En el caso de México, el proceso de cambio político y la alternancia, primero en el ámbito local y más tarde en el federal, ayuda a explicar la capacidad del movimiento LGTB para avanzar su agenda tanto en el ámbito de políticas públicas de salud como en términos jurídicos (Díez, 2010; Werum y Winders, 2001).

El movimiento LGTB es un claro ejemplo de la cercana relación entre la política de protesta y la política institucionalizada. La apertura de la estructura de oportunidades políticas, siguiendo a Tarrow (1995), puede verse en 8 factores: 1) aumento en el acceso (para aquellos grupos que no lo tenían); 2) cambios en los alineamientos políticos; 3) división de élites; 4) aliados influyentes; 5) limitada represión y facilitación para que persista el movimiento; 6) poca capacidad estatal; 7) represión inefectiva e ilegítima y; 8 ) condiciones y aliados internacionales que apoyen el movimiento.

            En la ciudad de México convergieron una serie de factores que facilitaron el avance de la agenda del movimiento LGTB: el Distrito Federal es más liberal que la mayor parte del país, la ciudad tiene un movimiento LGBT relativamente bien organizado y con un buen número de integrantes, y las elecciones locales de 1997 abrieron un espacio de gobierno a un partido de izquierda y a diversos partidos con una agenda más amplia sobre los derechos de la comunidad LGTB que jugaron un papel fundamental en presentar propuestas y buscar conformar una coalición.

IV. La ley de sociedades de convivencia: un estudio comparado

La Ley de Sociedades de Convivencia (LSC en adelante) fue un tema que entró a la agenda pública en noviembre de 2001 cuando Enoé Uranga, diputada abiertamente homosexual del Partido Democracia Social (PDS), presentó la iniciativa en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF). En lo general se trataba de una ley que buscaba dar seguridad jurídica a diferentes tipos de uniones, permitiéndoles tener derechos de herencia, salud y seguridad social. Desde su presentación abrió un importante debate en torno a la comunidad LGBT. A pesar de que buena parte del debate se debió a la desinformación (ya que sus detractores y algunos medios de comunicación la equipararon con el matrimonio homosexual y mencionaron que abriría la puerta a la adopción, así como a la destrucción de la familia), permitió que otros sectores sociales y de gobierno se enteraran y discutieran al respecto.

Mientras existió tal discusión, tanto miembros y organizaciones del movimiento LGBT, como grupos de derecha y religiosos se movilizaron. Cada uno buscó dar a conocer sus argumentos a la opinión pública, así como influenciar a actores políticos –en especial partidos- afines. El tema se mantuvo en la agenda debido a que se aprobó en comisiones en tres periodos distintos de la II Legislatura, sin alcanzar a llegar al voto en pleno. Hubo diversas estrategias para aplazar tal discusión, promovidas principalmente por el PAN. Y, a pesar del apoyo de la CDHDF, incluso al interior del PRD no se logró el consenso necesario para impulsar con mayor fuerza su aprobación.

Con el fin de la II Legislatura, se preveía que la LSC se mantuviera “congelada”. Diputados electos del PRD prometieron rescatarla para la III Legislatura, lo cual reavivó la discusión. Sin embargo, la discusión se siguió difiriendo, postergando, y la postura del partido se volvió menos clara. En las discusiones al interior del partido, se planteó evitar todo lo que pudiera perjudicar la popularidad de López Obrador, jefe de gobierno entonces. Ante los cuestionamientos al respecto, él propuso que se hiciera una consulta ciudadana, lo que se interpretó como que lo que deseaba era detener la iniciativa.

Como puede observarse, la primera parte de la discusión sobre la LSC se debió a la iniciativa de Uranga al interior de la ALDF. Sin embargo, se requirió movilización y actos públicos para mantener encendido el debate y para rebatir las acusaciones de los grupos conservadores y religiosos. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos y de todo el tiempo que estuvo debatiéndose la iniciativa, finalmente no prosperó. Ello puede atribuirse a la dificultad de construir una coalición legislativa lo suficientemente sólida, a la debilidad del PRD y del PDS, que eran los partidos que apoyaban la iniciativa, y a las divisiones al interior del PRD que provocaron que no se pudiera alcanzar la mayoría y que se fuera postergando la iniciativa.

Para la III legislatura, aunque el PRD alcanzó una mayoría, dos factores obstaculizaron el avance de la LSC. El primero es que quien la había propuesto, ya no se encontraba en la cámara y no presidía una de las comisiones encargadas de aprobar el dictamen. El segundo es que debido a cálculos políticos, el jefe de Gobierno no vio con buenos ojos la iniciativa debido al potencial costo político y decidió congelarla o frenarla a través de una consulta popular, que finalmente no se realizó.

¿Qué cambió en 2007 para que se pudiera aprobar?

La elección de 2006 volvió a darle mayoría al PRD y trajo consigo diputados del Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina (PASC), que incluía en su plataforma política apoyar la LSC. Es de interés que de los candidatos a jefe de gobierno sólo los de los dos partidos anteriores expresaron su posición en el tema; ambos a favor. Además, el coordinador de la bancada perredista en la ALDF, antes de entrar en funciones, expresó que la LSC estaba entre las prioridades a discutir. Para el 22 de octubre el PASC ya había introducido una propuesta, inspirada en la de 2003 y contaba con la anuencia del PRD.

Se formó una coalición socialdemócrata que sumó 38 diputados, suficientes para aprobar la LSC. El 9 de noviembre, con el mismo número de votos, con 19 en contra y 3 abstenciones, fue aprobada la LSC en el pleno de la ALDF. La disciplina al interior del PRD se mantuvo, salvo por un integrante suyo que votó en abstención. A tal partido se sumaron el PASC, PT, Convergencia, y dos diputados de Nueva Alianza. En contra sufragó la totalidad del PAN y un diputado de Nueva Alianza. Las otras dos abstenciones fueron de un diputado del PVEM y de otro del Panal.

Es importante notar que el jefe de gobierno, Alejandro Encinas, estuvo a favor de la iniciativa, lo cual fue una diferencia importante respecto a 2003, en que por cálculos políticos López Obrador había decidido llevar a consulta y bloquear la iniciativa. La iniciativa volvió a contar con el apoyo de la CDHDF y con la movilización de diversos grupos del movimiento LGBT los días en que fue votada.

Tabla 1. Composición de la ALDF

Legislatura	II	III	IV	V	V final
Partido Acción Nacional	17	16	18	14	14
Partido Revolucionario Institucional	16	7	4	8	8
Partido de la Revolución Democrática	19	37	34	30	34***
Partido Verde Ecologista de México	8	5	2*	4	4
Partido del Trabajo	1		1**	6	5***
Convergencia	1		2*	1	0***
Partido Socialdemócrata			1**	1	0***
Partido Democracia Social	3
Partido del Centro Democrático	1
Partido Nueva Alianza			4	2	1***
Independiente		1
Total	66	66	66	66	66

*En 2006 PVEM y Convergencia fueron en alianza ** En 2006 PT y PSD (entonces PASC) fueron en alianza y conformaron su bancada *** En 2009 se pasaron a la bancada del PRD cuatro diputados electos por otros partidos: Fidel Leonardo Suárez Vivanco (PVEM), Guillermo Orozco Loreto (Convergencia) Maximiliano Reyes Zúñiga (Panal) y David Razú Aznar del extinto PSD.

Fuente: elaboración de los autores con datos de la ALDF, del IEDF y de artículos periodísticos.

 

V. Hacia el matrimonio entre personas del mismo sexo

La ley de sociedades en convivencia fue un paso importante, porque establecía un esquema jurídico en el que cabían las parejas homosexuales. Sin embargo, el paso del matrimonio como tal, entre personas del mismo sexo, era algo que aún hacía falta para mostrar que dichas uniones tenían la misma validez jurídica que el matrimonio heterosexual.

El Partido Socialdemócrata (PSD), antes Alternativa Socialdemócrata y Campesina (PASC) tenía entre los puntos fundamentales de su plataforma legislativa una mayor igualdad. Además, en diversos estados, aunque principalmente en el Distrito Federal, abanderó 32 candidatos LGBT. Con ello buscó posicionarse electoralmente entre la comunidad LGBT. A nivel nacional el resultado fue un fracaso: el partido perdió el registro. Sin embargo, en el DF superó el umbral del 2%, por lo que alcanzó a tener un diputado plurinominal en la ALDF: David Razú Aznar.

Ante la inexistencia de su partido y la carencia de una bancada que apoyara sus propuestas, Razú se integró a la bancada del PRD, sin afiliarse al partido. Para entonces, el PRD contaba con 33 diputados (30 que había ganado y 3 que se habían pasado a sus filas desde otros partidos). Con Razú, podía alcanzar la mayoría absoluta, lo que implicaba enormes ventajas. Por lo tanto, se trataba de un activo muy valioso. La negociación fue que él se integraría a la bancada, a cambio de que el PRD apoyara sus iniciativas, la primera de las cuales era el matrimonio entre personas del mismo sexo.

El 24 de noviembre se presentó formalmente la iniciativa, aunque venía cabildeándola desde septiembre. En dicho cabildeo, le fue de gran ayuda la organización “Sociedad Unida por el Derecho al Matrimonio entre Personas del Mismo Sexo”, encabezada por Lol Kin Castañeda, quien había sido candidata a la delegación Cuauhtémoc por el PSD meses atrás. Dicha organización se encargó de juntar firmas, agrupar e informar a otras organizaciones de la comunidad LGBT y tuvo un papel muy importante en informar uno por uno a los diputados de la ALDF, en especial a los compañeros de bancada de Razú.

Después de semanas de cabildeo, en el que se le dio un “encuadre” de igualdad a la propuesta (en el sentido de que se trataba de reconocer derechos iguales a los del resto de la población para un sector que antes no los tenía), se tenía una coalición suficiente para aprobarla. En comisiones fue aprobada el 16 de diciembre, después de un primer intento en el que también había sido aprobada, pero del que se decía que no había cumplido con el procedimiento legal. Cinco días después, el 21 de diciembre, subió al pleno y fue aprobada con 39 votos. Originalmente respaldada por 42, tres diputados del PRI cambiaron el sentido de su voto cuando se permitió también la adopción.

Si bien el panorama cultural era adverso, como lo muestran las encuestas que hizo el PAN semanas después (con un 53% de rechazo al matrimonio y 70% a la adopción), el cabildeo, el tener una mayoría legislativa sólida, la movilización por parte de las diversas organizaciones y el apoyo del gobierno capitalino permitieron que la iniciativa se aprobara.

El 3 de marzo de 2010 entraron en vigor las reformas, lo cual abrió la puerta a que las parejas iniciaran los trámites para casarse. Sin embargo, las semanas anteriores había empezado la batalla legal: cinco estados interpusieron una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia, para que la validez legal de un matrimonio entre personas del mismo sexo celebrado en el DF, no fuera reconocida en sus entidades. Cada una de ellas fue descartada. No obstante, el gobierno federal también entró en el debate cuando el procurador general de la República, Arturo Chávez Chávez, promovió un juicio ante la SCJN para que anulara las reformas. El GDF respondió y comenzó a preparar, junto con expertos, la defensa. Y mientras la batalla se libraba en la Corte, el 11 de marzo se realizaron los primeros matrimonios.

Quedan muchos detalles y controversias por resolverse en torno al tema en cuanto a seguridad social, constitucionalidad y validez en otros estados. Sin embargo, el hecho de que se hayan aprobado tales reformas ya es un éxito para el movimiento LGBT.

VI. Conclusiones

La ley de matrimonios entre personas del mismo sexo es un avance en el proceso de democratización ya que garantiza igualdad jurídica entre los ciudadanos independientemente de su orientación/preferencia sexual. Desde un punto de vista teórico, el movimiento LGBT ha participado de dos formas en el proceso de democratización: integrando redes de confianza a la política y luchando por reducir o proscribir desigualdades categóricas (Tilly, 2005).

Las consecuencias más generales del movimiento, en la política no convencional y en la convencional, han sido: llevar el tema de la discriminación contra la comunidad LGTB a la agenda pública, informar, discutir y presentar sus argumentos para modificar la legislación y de esa forma ampliar los derechos ciudadanos de un grupo significativo. Si bien el movimiento no ha estado unificado y debido a su diversidad no tiene una estrategia única, ha sido capaz de ir avanzado tanto en el ámbito de los espacios públicos que hoy ocupa, como en la construcción de alianzas políticas significativas. En este trabajo hemos buscado mostrar, a partir de un análisis histórico, cómo el cambio en la estructura de oportunidades políticas permitió al movimiento presentar sus demandas a la Asamblea Legislativa del D.F. y construir las alianzas políticas necesarias para avanzar su agenda legislativa, a pesar de un contexto social  poco favorable. En este proceso, la elaboración de un discurso en términos de derechos ciudadanos, la movilización y la capacidad de ciertos políticos y partidos como el PSD y el PRD fueron centrales para explicar los diversos resultados.

Como hemos ilustrado, la aprobación de la ley de matrimonio entre personas del mismo sexo estuvo llena de obstáculos e incluso fracasos que el movimiento y los actores que lo apoyaron tuvieron que superar. En ese sentido, la conquista de derechos en México como en otros sistemas políticos ha sido el resultado del conflicto y la imaginación política necesaria para resolverlo.

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